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Derechos culturales: la evolución

Subido por AdmintelArtes el Mié, 08/26/2015 - 22:58
Autor: 
Milenka Escobar

I. Los Derechos Culturales en el Marco de los Derechos Humanos

1.1. Los Derechos Humanos

El reconocimiento de los derechos humanos ha tenido una evolución que se remonta a lo largo de la historia, sujeto a variaciones y una ampliación de su contenido, en este sentir, los derechos humanos son un conjunto de principios de aceptación universal, reconocidos constitucionalmente y garantizados jurídicamente, orientados a asegurar al ser humano su dignidad como persona, en su dimensión individual, social, material y espiritual; sin embargo, se debe considerar que los Derechos Humanos son a la vez atributos innatos de todas las personas, sin distinción de raza, religión, origen u otra condición, y es obligación de los Estados respetar y garantizar estos derechos.

Se han  clasificados a los derechos humanos en tres generaciones, esto con un  fin pedagógico, ya que de esta manera se permite ver su desarrollo en el tiempo. Es así que tenemos los derechos  de:

Primera Generación: Derechos Civiles y Políticos. Característicos del Estado Liberal o de Derecho del siglo XVIII, su función básica pretende limitar el poder estatal frente a los individuos, al permitir el libre flujo de las relaciones sociales y económicas.

Segunda Generación: Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Surgen a finales del siglo XIX, en el llamado Estado Benefactor, donde este garantiza un conjunto de necesidades mínimas para vivir y condiciones equitativas en los ámbitos económico y social a la población.

Tercera Generación: Derechos de los Pueblos. Surgen a partir de la segunda  mitad del siglo XX, con las nuevas reivindicaciones sociales.

1.2. Los Derechos Económicos, Sociales y Culturales DESC

Los Derechos económicos, sociales y culturales DESC, son necesarios  para el desarrollo de la personalidad de cada ser humano, son aquellos que están en  la vida cotidiana a partir de aquellas condiciones fundamentales para la satisfacción de nuestras necesidades básicas; estos derechos son de implementación progresiva, eso quiere decir que se van desarrollando con el tiempo, para cuya promoción el Estado debe actuar como un instrumento para el bienestar de todas las personas. Mediante los instrumentos del Derecho Internacional de Derechos Humanos, como ser la Declaración de Derechos Humanos (1948), el Pacto Internacional de Derechos económicos, sociales y culturales (1966), y el Protocolo adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en materia de  Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” (1988), se definen a los DESC y los principios y criterios de carácter universal, los cuales han sido  implementados en el derecho positivo de cada país (CPE).

1.3. Derechos Culturales

Dentro de los derechos de segunda generación (DESC) se encuentran los derechos culturales, los cuales están inmersos en los diferentes instrumentos del derecho internacional y están siendo recientemente  definidos e implementados constitucionalmente  en cada país, sin embargo el alcance de los derechos culturales está relacionado con  la comprensión de la  cultura como tal, la cual es considerada, desde su concepción antropológica, como el conjunto de los rasgos distintivos espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o a un grupo social y que abarca, además de las artes y las letras, los modos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. UNESCO.

El devenir histórico de estos derechos se inicia en el siglo XIX y va fortaleciéndose a lo largo de dicha centuria y de la primera mitad del siglo XX, donde son implementados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, que en su artículo 27 enuncia: “toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten. Los Estados deben tomar las medidas necesarias para alcanzar esos objetivos”; a su vez el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 1966, y el  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador” de 1988, señalan la creciente importancia de las obligaciones asumidas por los estados en un desarrollo plural y equitativo de la cultura; es así que de estos instrumentos internacionales deriva la promoción de la libertad cultural, la protección del acervo y de la identidad cultural, la participación cultural, además del compromiso con la democracia etc, aspectos considerados necesarios en la vida  de los pueblos.

Sin embargo, existen obstáculos para el desarrollo de los derechos culturales, considerando tres causas principales: cuestiones conceptuales, la relegación de los derechos culturales y dificultades que se derivan del reconocimiento colectivo de los derechos, lo que dificulta que las minorías o determinados  grupos culturales puedan ejercer el derecho a su propia cultura de manera conjunta.

La esencia  de los derechos culturales radica en  una dualidad: la protección del goce a la cultura (en su concepción de disfrute de los valores y bienes culturales) y la contribución en la participación  de la misma (como actividad creadora). En base a lo anterior los derechos culturales pueden clasificarse en:

Derecho de goce a la cultura: la posibilidad efectiva para todos, principalmente por medio de la creación de condiciones socio económicas de informarse, formarse y comprender libremente los valores y bienes culturales.

Derecho a la participación en la vida cultural: la posibilidad efectiva y garantizada para todo grupo o individuo de expresarse, comunicar, actuar y crear libremente con el objeto de asegurar su propio desarrollo, una vida armoniosa y el desarrollo cultural de la sociedad.

La expresión “vida cultural” hace referencia explícita al carácter de la cultura como un proceso vital, histórico, dinámico y evolutivo, que tiene un pasado, un presente y un futuro. Participar en la vida cultural requiere de la existencia de los siguientes elementos, sobre la base de la igualdad y de la no discriminación:

a) La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar compartidos esenciales para la interacción cultural.

b) La accesibilidad consiste en disponer de oportunidades efectivas y concretas de que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de todos, en las zonas urbanas y en las rurales, sin discriminación.[1]

c) La aceptabilidad implica que las leyes, políticas, estrategias, programas y medidas adoptadas por el Estado parte para el disfrute de los derechos culturales deben formularse y aplicarse de tal forma que sean aceptables para las personas y las comunidades de que se trate.

1.3.1. Características de los Derechos Culturales

Las características de los derechos culturales son:

  • Universalidad: Los Derechos Culturales son universales, es decir, que corresponden a cada una de las personas si excepción de ninguna naturaleza.
  • Integridad: El derecho a la cultura debe ser comprendido dentro del marco de los derechos humanos.
  • No discriminación: Los derechos culturales deben garantizarse sin discriminación alguna por motivos de color, sexo, idioma, religión, convicciones políticas o de cualquier otra índole, ascendencia, origen nacional o étnico, origen o condición social, nacimiento o cualquier otra situación a partir de la cual la persona define su identidad cultural.
  • Identidad Cultural: Viabiliza las posibilidades de los seres humanos de realizarse alimentándose del pasado y a continuar con el proceso de su propia creación.
  • Cooperación cultural internacional: El disfrute de la cultural de todos los pueblos, además del beneficio de todos los progresos de la ciencia en todas las regiones del mundo, contemplando la contribución  por su parte al enriquecimiento de la vida cultural y considerando que todas las culturas forman parte del patrimonio común de la humanidad.

1.3.2. Obligaciones del Estado en relación a  los Derechos Culturales

Las obligaciones del Estado son:

  • Respetar: Demanda al Estado la abstención de adoptar medidas que obstaculicen o imposibiliten el goce de los Derechos Culturales.
  • Proteger: El Estado tiene la obligación de proteger los derechos  culturales y su eficaz cumplimiento.
  • Realizar: Promover y hacer efectivo cada derecho cultural, mediante la implementación de medidas legislativas, administrativas, financieras y sociales que faciliten estos derechos a toda la población.

Los Estados partes están obligados a facilitar el derecho de toda persona a participar en la vida cultural tomando una gran variedad de medidas positivas, entre otras, de tipo financiero, que contribuyan a la realización de este derecho como, por ejemplo:

a) Adoptar políticas para la protección y promoción de la diversidad cultural y facilitar el acceso a una variedad rica y diversificada de expresiones culturales mediante, entre otras cosas, medidas que apunten a establecer y apoyar instituciones públicas y la infraestructura cultural necesaria para la aplicación de dichas políticas.

b) La promulgación de legislación adecuada y el establecimiento de mecanismos efectivos que permitan a las personas, individualmente, en asociación con otros o dentro de una comunidad o grupo, participar efectivamente en los procesos de adopción de decisiones, reivindicar la protección de su derecho a participar en la vida cultural, y reclamar y obtener una indemnización si se han infringido sus derechos;

c) Otorgar ayuda financiera o de otro tipo a artistas y organizaciones públicas y privadas, como academias científicas, asociaciones culturales, sindicatos y otras personas e instituciones dedicadas a actividades científicas y creativas;

d) Estimular la participación de científicos, artistas y otras personas en actividades internacionales de investigación científica o cultural, como simposios, conferencias, seminarios y talleres;

e) Adoptar medidas o establecer programas adecuados para apoyar a las minorías o a otras comunidades, entre otras, las comunidades de migrantes, en sus intentos por preservar su cultura.

1.3.3. Participación de la Sociedad Civil en el Ejercicio de los Derechos  Culturales

Existen diversas  formas en las que la sociedad civil puede participar en el ejercicio de los derechos culturales, como ser:

a) Participación en las actividades culturales:

  • Como miembro de una audiencia, parte del público (asistiendo a un concierto, teatro, cine, etc)
  • Realizando una actividad cultural personalmente.
  • Practicando en forma permanente o temporal una actividad cultural, como actor cultural (artista, artesano, escritor, etc).
  • Ejerciendo una formación artística académica.
  • Organizando y administrando  actividades culturales (gestores culturales), jugando un papel articulador.

b) Comprendiendo el alcance y contenidos de los Derechos Culturales, permitiendo reivindicar su calidad de derechos.

c) Desarrollar una labor educativa hacia los representantes de los poderes públicos, sectores sociales y población en general, en la que se reafirmen los derechos culturales.

d) Desarrollar  estrategias de incidencia, para el ejercicio de los derechos culturales que incluyan:

Monitoreo de políticas, prácticas y legislación que afecten  a los derechos culturales.

Elaboración y ejecución de planes, programas y proyectos sujetos a las líneas de acción establecidas.

e) Asegurar que en las propuestas provenientes del Estado para promover la participación de la sociedad civil organizada  en proyectos que afecten los derechos culturales, se incluya espacios de participación, diseño, planificación, seguimiento administrativo y evaluación de los mismos.

1.3.4. Exigibilidad de los Derechos Culturales

La exigibilidad es un proceso social, político y legal. La exigibilidad es la posibilidad y la necesidad de exigir al Estado la protección y garantía de los derechos económicos, sociales y culturales DESC; esta responsabilidad está contenida en la Constitución Política del Estado, leyes y demás normas, además de las convenciones, pactos, y acuerdos internacionales que suscribe el Estado. La exigibilidad puede ser política, cuando se utiliza el sistema político nacional para la promoción, garantía y protección de los derechos culturales, como ser la participación  en la exigencia de una ley o política pública.

1.3.5. Instrumentos Jurídicos de Protección de los Derechos Culturales.

Existen varios instrumentos  internacionales en los cuales están inmersos  diferentes  derechos culturales,  la clasificación de estos instrumentos según la UNESCO es:

  • Recomendaciones: Son principios y métodos que la comunidad internacional ha juzgado de interés para todos los estados, y que representan las mejores y más recientes normas profesionales.
  • Convenciones: Son textos legales que crean obligaciones reciprocas entre los estados.
  • Declaraciones: Son principios y reglas establecidas como guías para las políticas nacionales.

II. La Dimensión Cultural de los Derechos Humanos

El énfasis puesto en la dimensión cultural de los derechos humanos no debe entenderse como un menoscabo de la universalidad, sino como una forma de reforzamiento del sentimiento de apropiación de esos derechos por todos, en su diversidad. Lo que se precisa, como ha señalado el Grupo de Friburgo en su Declaración de Friburgo sobre Derechos Culturales del 2007, es tener en cuenta la dimensión cultural de todos los derechos humanos, con el fin de impulsar la universalidad a través de la diversidad, y de promover que toda persona, individual o colectivamente, los haga propios.

Todos los instrumentos universales de derechos humanos muestran avances graduales en el concepto de diversidad cultural, a la vez que reafirman su relación con todos los derechos humanos. Dado que los derechos humanos emanan del tejido mismo de las culturas, como reconocen las naciones que han suscrito los instrumentos jurídicos relativos a los derechos humanos, éstos y la diversidad cultural no pueden oponerse desde el punto de vista filosófico, ni moral, ni legal. Así mismo, la diversidad cultural y el diálogo entre culturas pueden llegar a ser fuerzas impulsoras esenciales para fortalecer la fundamentación universal de los derechos humanos. No existe una disyuntiva entre reconocer la diversidad cultural y otras prioridades del desarrollo humano, como la democracia o los derechos humanos.

III. Políticas Culturales

Las definiciones de la Conferencia de México de la UNESCO de 1982,  entendieron las políticas culturales como un conjunto de prácticas sociales de diferentes sectores de una sociedad en concreto, en un sentido más amplio podemos decir que las políticas culturales son el conjunto de principios, ideas fundamentales, orientaciones, directrices, guías, rumbos que rigen el pensamiento y la actuación de un país, departamento, municipio, entidad privada o de la sociedad civil en el campo de la cultura. Los tres asuntos fundamentales de una política cultural son: el desarrollo cultural, la cooperación internacional y el derecho a la cultura, el cual  constituye un elemento esencial en la política cultural actual; sin embargo existen aspectos institucionales, administrativos y financieros que deben ser tomados en cuenta, a su vez  las políticas culturales deben ser encaminadas  a la participación cultural de los pueblos, y a la promoción de la identidad e interacción cultural dando como resultado eficaces políticas culturales de independencia nacional dentro de  interdependencia mundial. Las políticas culturales en tanto políticas públicas, que han evolucionado en todos los países a partir de la Conferencia Intergubernamental sobre aspectos institucionales, administrativos y financieros de las políticas culturales (Venecia, 1970), y en la región desde la realización de la Conferencia Intergubernamental sobre las Políticas Culturales de los Países de América Latina y el Caribe (Bogotá, 1978), han encontrado en la concepción y vigencia de los derechos culturales su fundamento ético jurídico esencial, traduciéndose todo ello  en la formulación y aplicación de una acción legislativa especializada requerida para el cumplimiento de los objetivos de la política gubernamental en los campos del desarrollo cultural. Así mismo, las políticas culturales de conservación serían inútiles si no tuvieran un contenido más profundo que respete su vínculo con los seres humanos, los cuales les imprimen significado y valor.

Uno de los mecanismos creados por la sociedad civil en el desarrollo de políticas culturales es el establecimiento de observatorios, la necesidad de sistematizar las fuentes de información y realizar un análisis sistemático de las políticas culturales, la investigación y la planificación del desarrollo cultural dan lugar a su creación estrechamente ligada a la formación y a la investigación; el objetivo prioritario de los observatorios culturales es realizar actividades de monitoreo y control ciudadano de las políticas culturales, en el marco de los derechos culturales, a través del seguimiento a la política pública y a los cambios legislativos y judiciales en la materia, contribuyendo a la creación de indicadores a través de los cuales se mida el impacto de las políticas en el sector cultural, así como indicadores sobre legislación cultural en el marco de los derechos humanos. Los observatorios culturales se proponen investigar las problemáticas del sector cultural desde las perspectivas de las políticas públicas, analizar el impacto económico que estas producen, cumpliendo la función de recopilar y proporcionar información especializada a instituciones y centros de investigación, órganos de gobierno y organismos internacionales de derechos humanos mediante la elaboración de informes alternativos.

IV. Legislación Cultural

El derecho cultural, que es una nueva rama del derecho, que podría ubicarse dentro del derecho administrativo, en tanto que su normatividad se refiere a la acción del gobierno en sus niveles nacional, departamental y  municipal. De acuerdo con su jerarquía, la legislación cultural se compone de normas constitucionales, legales y administrativas, las primeras, contienen los principios, derechos y obligaciones en lo que se refiere a la participación y el goce a la cultura; las segundas son el desarrollo de las normas constitucionales en normas como la ley general de cultural,  la ley del libro, la cinematografía, así como las leyes aprobatorias de tratados y convenciones internacionales, y las terceras, son los decretos presidenciales, leyes y ordenanzas municipales, resoluciones ministeriales y las resoluciones de las autoridades administrativas, que reglamentan y le dan aplicación a lo establecido en las leyes de la república en materia cultural.

La aplicación legislativa de diversos principios e instituciones generados tanto por aquellas, como por decisiones de los organismos internacionales especializados generaron varias áreas de trabajo: la cultura y el desarrollo; el reconocimiento de los derechos culturales como derechos humanos; la vigencia de la democracia cultural; los nuevos objetivos políticos culturales del derecho de autor; la consagración de un estatuto jurídico de la creación y del artista; la noción político administrativa de ciertas actividades culturales y artísticas como un servicio público prestado a la comunidad; la especificidad normativa de las disposiciones aplicables a las industrias culturales (de contenido o del “copyright”) y a las artes del espectáculo; el desarrollo legislativo del derecho del patrimonio cultural y de los bienes culturales; la vigencia de una legislación cultural fiscal de promoción y fomento especializado, contemplativa, además, de regímenes legales de apoyo al mecenazgo; la conformación del derecho del audiovisual y de la cultura digital, en tanto relevantes modos de expresión de la cultura actual; la inserción del constitucionalismo cultural en las constituciones políticas modernas; el reconocimiento pleno de los derechos culturales de las minorías étnicas, lingüísticas y religiosas; el respeto de la diversidad cultural frente a un mundo globalizado; y la aplicación de una abigarrada legislación internacional a diversos campos y sectores de actividad cultural.

La existencia del derecho cultural, cuya dimensión latinoamericana e iberoamericana, se ha definido mediante  la aplicación de diversas técnicas legislativas, que da cuenta la legislación comparada.

Nota

[1] Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Observación general Nº 21, Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo 1 a), del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturas).

Boletin: 
Boletín N°3
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